La extensa e interesante audiencia del 21 de mayo por la posible instalación de un buque regasificador fue realizada en medio de discusiones no debatidas y que creo importante analizar.
El primer cuestionamiento fue la utilidad de la convocatoria, cuestionada por dos aspectos: la decisión tomada desde el poder central, y sostenida por la administración local acerca de la instalación del buque regasificador, y el carácter ‘no vinculante’ de la audiencia.
Manejarse con política de hecho consumado es una estrategia que muchas veces se utiliza cuando las posibilidades de cuestionamiento son limitadas, debido a la concentración de poder entre los principales actores puestos en función de la iniciativa, se actúa desde un espacio de poder, bajo el lema “ya está”, “debió ser de otra manera… pero será la próxima vez”.
Demás está aclarar que esta forma de comportamiento no es democrática, no fortalece las instituciones, no respeta las minorías y termina desautorizando a los ejecutores del proyecto, más allá que genera una cierta imagen de poder del tipo “estos tipos hacen lo que quieren”.
A esto lo asiste la idea que discutir o debatir es perder el tiempo o poner palos en la rueda al crecimiento.
Lamentablemente, muchas veces, aun las minorías o los que menos poder tienen en estas cuestiones, compran ese discurso a tal punto que es repetido por la prensa y los distintos actores sociales y políticos, sin sonrojarse, y como si fuera “natural” que esto fuera así.
Otro de los aspectos es acentuar a la asamblea como ‘no vinculante’, descripción de tono legalista que nada tiene que ver con el funcionamiento político, ético y democrático.
Es cierto que lo que se debate en la audiencia no determina que se hace o deja de hacer. Pero no es menos cierto que las manifestaciones son de vecinos afectados por las medidas adoptadas, profesionales con fundamentos científicos que deben ser tenidos en cuenta (ya sea para ser rebatidos o aceptados) y que en el marco de representación democrática los funcionarios electos deben responder a estos pedidos, escuchar, dar razones y aceptar los mandatos de estas asambleas.
No excusa la legalidad o no cuando es éticamente incorrecto o cuando las opiniones son racionalmente importantes.
¿Qué obliga legalmente a un representante a responder a los reclamos de sus representados? ¿Sólo el voto? ¿Qué puede obligarlo a escuchar, a debatir y tener en cuenta la opinión de la gente a un funcionario?
La audiencia será finalmente vinculante si los funcionarios deciden no ignorar lo discutido y planteado allí, no por las implicancias legales que tenga la misma.
Esto abre la reflexión a un último tema: ¿Representantes de quién? ¿Del gobierno nacional, de su partido o de la gente que le dio el mandato?
Indudablemente si esto fuera tenido en cuenta por los vecinos antes de votar, otras serían las consecuencias, pero mientras tanto debería dar vergüenza jugar a las escondidas con problemas como el de la regasificadora o el del campo.
Indudablemente las posibilidades de discutir, argumentar, debatir, decidir consensuadamente son herramientas privilegiadas de un verdadero concepto de desarrollo, que es el desarrollo comunitario: una ciudad con mejores ámbitos de debate y discusión permitirán poseer políticas de Estado, con continuidad y posibilidad de acumular conocimiento y experiencia. ¿Por qué desaprovechar la riqueza del conocimiento de muchos de los vecinos y profesionales de la ciudad?
Pensar el desarrollo solo como crecimiento económico es muy pobre. De ello tenemos experiencias más que suficientes de lo injusto e inequitativo que puede ser.
Edgardo Raúl Ayude
El primer cuestionamiento fue la utilidad de la convocatoria, cuestionada por dos aspectos: la decisión tomada desde el poder central, y sostenida por la administración local acerca de la instalación del buque regasificador, y el carácter ‘no vinculante’ de la audiencia.
Manejarse con política de hecho consumado es una estrategia que muchas veces se utiliza cuando las posibilidades de cuestionamiento son limitadas, debido a la concentración de poder entre los principales actores puestos en función de la iniciativa, se actúa desde un espacio de poder, bajo el lema “ya está”, “debió ser de otra manera… pero será la próxima vez”.
Demás está aclarar que esta forma de comportamiento no es democrática, no fortalece las instituciones, no respeta las minorías y termina desautorizando a los ejecutores del proyecto, más allá que genera una cierta imagen de poder del tipo “estos tipos hacen lo que quieren”.
A esto lo asiste la idea que discutir o debatir es perder el tiempo o poner palos en la rueda al crecimiento.
Lamentablemente, muchas veces, aun las minorías o los que menos poder tienen en estas cuestiones, compran ese discurso a tal punto que es repetido por la prensa y los distintos actores sociales y políticos, sin sonrojarse, y como si fuera “natural” que esto fuera así.
Otro de los aspectos es acentuar a la asamblea como ‘no vinculante’, descripción de tono legalista que nada tiene que ver con el funcionamiento político, ético y democrático.
Es cierto que lo que se debate en la audiencia no determina que se hace o deja de hacer. Pero no es menos cierto que las manifestaciones son de vecinos afectados por las medidas adoptadas, profesionales con fundamentos científicos que deben ser tenidos en cuenta (ya sea para ser rebatidos o aceptados) y que en el marco de representación democrática los funcionarios electos deben responder a estos pedidos, escuchar, dar razones y aceptar los mandatos de estas asambleas.
No excusa la legalidad o no cuando es éticamente incorrecto o cuando las opiniones son racionalmente importantes.
¿Qué obliga legalmente a un representante a responder a los reclamos de sus representados? ¿Sólo el voto? ¿Qué puede obligarlo a escuchar, a debatir y tener en cuenta la opinión de la gente a un funcionario?
La audiencia será finalmente vinculante si los funcionarios deciden no ignorar lo discutido y planteado allí, no por las implicancias legales que tenga la misma.
Esto abre la reflexión a un último tema: ¿Representantes de quién? ¿Del gobierno nacional, de su partido o de la gente que le dio el mandato?
Indudablemente si esto fuera tenido en cuenta por los vecinos antes de votar, otras serían las consecuencias, pero mientras tanto debería dar vergüenza jugar a las escondidas con problemas como el de la regasificadora o el del campo.
Indudablemente las posibilidades de discutir, argumentar, debatir, decidir consensuadamente son herramientas privilegiadas de un verdadero concepto de desarrollo, que es el desarrollo comunitario: una ciudad con mejores ámbitos de debate y discusión permitirán poseer políticas de Estado, con continuidad y posibilidad de acumular conocimiento y experiencia. ¿Por qué desaprovechar la riqueza del conocimiento de muchos de los vecinos y profesionales de la ciudad?
Pensar el desarrollo solo como crecimiento económico es muy pobre. De ello tenemos experiencias más que suficientes de lo injusto e inequitativo que puede ser.
Edgardo Raúl Ayude
